Luis Alberto Romero

Al terminar enero del presente año, los problemas para el actual
diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abadalá
Saad, se intensificaron luego de que trascendiera que el también ex
tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación era investigado por
presuntos vínculos con un integrante del Cartel Jalisco Nueva
Generación, que habría apoyado la campaña política del hoy legislador en
2015.
A Tarek Abdalá le relacionaban, de acuerdo con la información que
trascendió en medios nacionales, con Francisco Navarrete Serna, detenido
por su probable participación en la desaparición de los cinco jóvenes de
Playa Vicente que fueron levantados en Tierra Blanca el 11 de enero de
este año.
El escenario del diputado federal comenzó a complicarse porque a esa
supuesta relación con Navarrete Serna se sumaron las acusaciones que
pesan sobre él con relación a las presuntas irregularidades detectadas
por la Federación en la revisión a la Cuenta Pública 2013, cuando Abdalá
Saad era uno de los responsables del manejo de recursos dentro de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Luego de difundirse esa noticia por parte de Reforma, Tarek Abdalá negó
cualquier vínculo con Navarrete e, incluso, dijo no conocerlo
personalmente. Como sea, ese hecho fue el comienzo de una avalancha de
problemas sobre el diputado federal por Cosamaloapan. Incluso, poco
después de que esos señalamientos se ventilaran de forma pública hubo un
pronunciamiento de senadores y diputados federales que exigieron el
desafuero del diputado veracruzano.
El senador panista Fernando Herrera Ávila, por ejemplo, declaró que el
desafuero de Abdalá Saad estaba justificado debido a que el ex tesorero
de Javier Duarte era señalado por un probable desvío de mil 600 millones
de pesos.
Nueve meses después de dicho escándalo, al comenzar noviembre, el caso
de Tarek Abdalá volvió a ventilarse en los medios, luego de que la
Contraloría General del Estado lo inhabilitara por diez años debido a
conductas indebidas en el servicio público y a un presunto daño
patrimonial durante su desempeño como tesorero en Sefiplan.
Sobre ese asunto, la investigación de la Contraloría determinó que
Abdalá Saad no entregó los recursos correspondientes al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud.
Poco después, el consejero nacional del Partido Revolucionario
Institucional, Armando Barajas Ruiz, el mismo que inició el proceso para
expulsar del tricolor al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, anunció
el inicio de una acción similar para echar del PRI a Tarek Abdalá, por
su presunta participación en la red de corrupción que encabezaba el ex
mandatario veracruzano.
Finalmente, todo parece indicar que el diputado por Cosamaloapan estaría
con un pie en el patíbulo; este lunes trascendió que la Procuraduría
General de la República inició seis investigaciones contra el ex
tesorero de Javier Duarte.
Las investigaciones iniciadas por la Subprocuraduría Especializada en
Delitos Federales tendrían su punto de partida en las denuncias
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación; por otro lado, a
pesar de contar con fuero, Tarek Abdalá promovió, desde hace cinco
meses, dos amparos ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo Penal.
El problema para Tarek no sólo se relaciona con las acusaciones por su
actuación al frente de la Tesorería, sino con la falta de un grupo
político que le respalde; el diputado por Cosamaloapan se encuentra solo
porque su único apoyo visible, la ex presidenta del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia, Karime Macías de Duarte, hoy se
encuentra en desgracia política, y el ex gobernador Javier Duarte, en
condición de prófugo de la justicia. De esa manera, Abdala Saad tendría
las horas contadas.
Hoy, todo parece estar alineado para que las autoridades federales de
procuración de justicia procedan en éste como en otros casos de
diputados federales veracruzanos, que llegaron a sus actuales cargos, en
2015, a punta de cañonazos de billetes en sus respectivos distritos; en
esa misma lista ubican al menos a otros tres diputados federales: Adolfo
Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera y Alberto Silva Ramos; además del
legislador local Vicente Benítez González, todos ellos, ex colaboradores
cercanos del ex gobernador Javier Duarte.

Américo, papel protagónico
Encabezados por el xalapeño Américo Zúñiga Martínez, un grupo de
munícipes se reunió en la sala de expresidentes de Palacio Municipal y
luego se trasladó a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para
dialogar con la nueva titular de la dependencia, Clementina Guerrero
García.
Américo llevó la batuta del grupo de alcaldes priistas que ha
representado, 80 más o menos.
Por otra parte, los alcaldes de PAN y PRD que tenían tomadas las
instalaciones de Palacio de Gobierno y Casa Veracruz fueron encabezados
por el munícipe de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y también
acudieron a la cita con la nueva titular de Sefiplan.
Al salir del encuentro, el munícipe capitalino comentó que durante la
reunión con la secretaria de Finanzas, los alcalde exigieron que se
entreguen los adeudos pendientes con los municipios, que incluyen
aportaciones y participaciones federares, como FISM, FORTASEG, PRODERE y
el ISR Participable, y que se respete la programación de diciembre de
los fondos anteriores, dado el principio de anualidad.
Derivado de ello, refirió, Clementina Guerrero ofreció hacer una
revisión exhaustiva de los fondos y establecer una mesa de trabajo con
diferentes presidentes municipales, a fin de reconocer los adeudos y
tomar consideraciones al respecto. “Por ello le vamos a dar un voto de
confianza”.
El alcalde de Xalapa asume un papel protagónico en la lucha de los
presidentes municipales que reclaman la entrega de las participaciones
federales a los ayuntamientos, convirtiéndose así en promotor de un
municipalismo efectivo, que ya va dando resultados en este agitado río
que es Veracruz. @luisromero85

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