Luis Alberto Romero

Con la reunión celebrada entre alcaldes de todas las fuerzas políticas y
la nueva secretaria de Finanzas y Planeación del gobierno estatal,
Clementina Guerrero García, el pasado lunes, prácticamente comenzó a
destrabarse un problema que afectaba a la totalidad de los ayuntamientos
veracruzanos y que tiene que ver con el desvío de las participaciones
federales, que no llegaron a los municipios.
Por vías diferentes, los dos grupos de ediles, panistas y perredistas
por un lado, y priistas por el otro, realizaron gestiones y
desarrollaron diferentes estrategias para ejercer presión y recuperar el
dinero que correspondía a los ayuntamientos. Durante 18 días, por
ejemplo, los presidentes municipales de PAN y PRD, encabezados por
Miguel Ángel Yunes Márquez, tomaron tanto Palacio de Gobierno como Casa
Veracruz y orillaron al gobernador interino Flavino Ríos Alvarado a
gobernar (si a eso se le puede decir “gobernar”) desde su casa y a
través del teléfono. Por su parte, los alcaldes priistas, cuya cabeza
visible es el xalapeño Américo Zúñiga, tocaron las puertas del Senado y
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que fueran
canalizados de forma directa los recursos para los municipios, en virtud
de que la vía de Sefiplan dejó de ser confiable.
En esos movimientos, sin embargo, no sólo llamó la atención que los
alcaldes de más de cien municipios veracruzanos sumaran fuerzas, al
considerar que la deuda no era un tema partidista, sino un asunto
realmente importante para asegurar la viabilidad de los ayuntamientos,
la ejecución de obras, el cumplimiento de los pagos y la prestación de
los servicios públicos; también fueron evidentes algunas ausencias.
El alcalde de Poza Rica Sergio Lorenzo Quiroz Cruz por ejemplo, nunca se
paró en los movimientos ni realizó declaración alguna sobre la falta de
recursos en su municipio; lo mismo ocurrió con el de Veracruz, Ramón Poo
Gil. Ambos presidentes municipales han adoptado más bien una actitud
tibia, casi sumisa a la hora de exigir las participaciones federales, lo
cual llamó la atención de los ediles que sí plantearon esa demanda.
De la zona norte de Veracruz, por ejemplo, los alcaldes de Álamo,
Ricardo Arturo Serna Barajas; Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez;
Papantla, Marcos Romero Sánchez, y Coatzintla, César Ulises García
Vázquez (todos del bloque PAN-PRD) pasaron dos semanas pernoctando en
Palacio de Gobierno.
También de esa zona, el edil tuxpeño Raúl Ruiz Díaz, y el de Martínez de
la Torre, Rolando Olivares Ahumada (los dos del PRI), acudieron a las
gestiones ante el Senado y la SHCP y se presentaron a la cita con
Clementina Guerrero.
Sin embargo, de Sergio Lorenzo Quiroz y de Ramón Poo ni sus luces, lo
cual fue observado por sus homólogos, que no vieron con buenos ojos esas
ausencias. Incluso, hubo quien comentó que esos y otros alcaldes no
mostraron el mínimo interés en exigir los recursos que corresponden a
sus municipios.

Las manifestaciones de Antorcha
El Movimiento Antorchista, que encabeza en Veracruz Samuel Aguirre
Ochoa, continúa sus acciones para exigir al efímero gobierno de Flavino
Ríos la asignación de los recursos que de manera indebida desvió la
administración estatal.
Los recursos que demanda Antorcha fueron gestionados por los diputados
federales de la organización y etiquetados desde la Federación para
obras en municipios y asentamientos en que los antorchistas tienen
presencia.
Este 14 del presente, por ejemplo, el Movimiento Antorchista convocó a
una marcha, en la que participaron al menos 3 mil simpatizantes, ante
quienes el dirigente estatal señaló: “Tomamos esa decisión porque
nuestra intención no es estar obstaculizando las acciones del gobierno;
al contrario, lo que queremos es que el gobierno actúe y de manera
correcta, y la nueva secretaria de Finanzas no tiene la culpa de lo que
han venido haciendo los anteriores”.
Una de las principales demandas de la agrupación se relaciona con la
retención, por parte de la administración estatal, de 40 millones de
pesos que están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016, mismos que gestionaron los legisladores antorchistas
para obras de infraestructura básica en 50 municipios veracruzanos,
introducción de agua entubada, electrificación, drenaje, aulas, caminos,
centros de salud y puentes.
De igual forma, la organización demanda la regularización de lotes de
familias en condición de pobreza que son parte de la agrupación, y la
liberación de los recursos del programa Escuelas al Cien.
Sobre todo en la última etapa de Javier Duarte en el Poder Ejecutivo y
en el breve paso de Flavino Ríos por dicho espacio, las protestas de
Antorcha Campesina se intensificaron de forma significativa, lo malo es
que ante la quiebra de la administración estatal y el desinterés
mostrado por las autoridades veracruzanas para resolver ese tipo de
problemas, se observa muy difícil que el gobierno veracruzano cumpla con
la asignación de los recursos federales que demandan los antorchistas.
Así las cosas, lo predecible es que ese problema siga escalando y las
manifestaciones, subiendo de tono. @luisromero85

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