Dra. Denisse de los Angeles Uribe Obregón / Magistrada del TSJ.- La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su articulo cuarto que el varón y la mujer son iguales ante la ley, esta Reforma realizada en mil novecientos setenta y cuatro logró la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, hecho que significó un importante avance para potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en igualdad de condiciones y oportunidades.

Posterior a este importante logro, en el año de mil novecientos setenta y cinco se celebró la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, misma que abordó temas relacionados con la discriminación, salud y desarrollo económico y tuvo como finalidad formular recomendaciones para lograr la igualdad y fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, este mismo año fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como año internacional de la mujer.

Derivado de estas acciones se realizaron importantes avances en materia de igualdad de genero y participación de las mujeres en la vida pública. Uno de los antecedentes más importantes de esta lucha en México tuvo lugar en mil novecientos cincuenta y tres, año en que las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas y por ende fue conseguido el derecho a votar, al año siguiente entró en vigor la Reforma y en mil novecientos cincuenta y cinco las mexicanas lograron emitir su voto por primera vez en una elección federal.

A pesar de que se logró el derecho de las mujeres a votar y ser votadas no se registró una participación importante debido a las brechas de género, por lo que fue necesario reconocerlas en la postulación a cargos de elección popular, iniciando con la obligación de los partidos políticos de postular al menos treinta porciento de mujeres, hasta hacer realidad la incorporación del principio de paridad en nuestra carta magna en el año dos mil catorce, con la finalidad de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos sean ejercidos en condiciones de igualdad.

El seis de junio de dos mil diecinueve fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma constitucional en materia de paridad de género, incluyendo este principio en candidaturas electorales, nombramientos en las Secretarías de Estado, en el Poder Judicial Federal y de los estados, ayuntamientos y en la integración de organismos autónomos. 

Esta Reforma obliga desde el momento de su vigencia, a que, en el Poder Judicial del Estado, los nombramientos de jueces y magistrados, se lleven a cabo previendo que la integración de los órganos jurisdiccionales, paulatinamente alcancen presencia igualitaria en cuestión de género. 

En este sentido, el once de octubre de dos mil diecinueve, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez propuso ante el congreso la designación de nueve mujeres y cuatro hombres para ocupar las magistraturas vacantes en el Poder Judicial del Estado.

Continuando con el compromiso de hacer realidad la paridad de género, este lunes dos de diciembre de dos mil diecinueve, se hizo historia en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, al nombrar a la primera mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, cargo que desempeñará dignamente la magistrada Sofia Martínez Huerta, una mujer preparada, con amplia carrera al interior del Poder Judicial, quien además es catedrática de la Universidad Veracruzana.

Con estos nombramientos, Veracruz pasa del lugar veintitrés al octavo en participación de las mujeres en los Poderes Judiciales locales, pasando de tener veintisiete porciento a cuarenta y cuatro porciento de mujeres magistradas, lo que nos coloca a un paso de alcanzar la paridad, fortaleciendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 

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