A través del oficio CJ/035/2020, del día de hoy, firmado por los consejeros magistrado Andrés Cruz Ibarra, consejera Carla Rodríguez Gonzales y consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo, se ha solicitado a todos los magistrados presidentes de cada una de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que convoquen a Sesión de Pleno del Tribunal a fin de que la presidenta del Poder Judicial rinda cuentas sobre las acciones u omisiones que ha cometido.

Lo anterior en vista de que la Magistrada Sofía Martínez Huerta ha hecho caso omiso del oficio CJ/032/2020, del 22 de septiembre, en el cual, los mismos consejeros manifestaron su preocupación e inconformidad con los hechos que han afectado el buen funcionamiento del Consejo de la Judicatura y la correcta conducción de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

En el citado oficio CJ/032/2020 se expuso que se dio respuesta formal a las aseveraciones formuladas por la presidenta, incluso por tratarse de un tema relevante y de interés público se le solicitó convocara a una sesión extraordinaria, sin que a la fecha haya existido respuesta.

Con la finalidad de procurar la correcta administración de justicia se le solicitó participara en 3 sesiones extraordinarias sin que atendiera dicha solicitud, para tratar asuntos relevantes como: los exhortos del Gobernador del Estado para revisar escrupulosamente los criterios de los Jueces, las observaciones derivadas de la entrega-recepción de la Dirección General de Administración, y la revisión de nombramientos expedidos unilateralmente por la presidenta y sin autorización del pleno.

Es así que la Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta, se ha negado en numerosas ocasiones a celebrar sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, contraviniendo lo establecido en los artículos 95, 100, 101, 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los artículos 5, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 del Reglamento del Consejo de la Judicatura, sin que exista motivo justificado, lo cual rompe el debido desarrollo de las funciones administrativas que competen al Consejo y ponen en riesgo la validez de los actos que ha realizado fuera de procedimiento, aun con conocimiento de las responsabilidades que pudieran surgir en contra del Poder Judicial del Estado.

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